REFLEXIONES SOBRE UNA CIUDADANÍA GUAYAQUILEÑA PARA EL SIGLO XXI

Jaime Rumbea Dueñas

Generar una discusión teórica sobre el concepto de ciudadanía parecería conllevar a priori exclusivamente a elucubraciones de orden filosófico sin mayor aplicación práctica ni objetivo concreto.  Eso, seguramente, es lo que muchos creen. 

Sin embargo, contrariamente a esa percepción, el concepto de ciudadanía ubica su centro de interés justamente en lo que los antiguos griegos llamaron praxis, de donde surge el interés de cuestionarse sobre su uso y generar una reflexión alrededor del mismo.  Entender a la ciudadanía como un objeto de reflexión a la vez que un medio de acción es como, de manera muy simplificada, es posible comprender lo que los filósofos griegos encontraron en la cívica: a la vez un espacio para discurrir filosóficamente sobre lo bueno y lo deseable y un medio idóneo para hacer del lugar donde vivían, un mejor lugar.  Teoría y práctica se fusionaban exactamente allí donde las distintas visiones teóricas podían ser confrontadas a la práctica, al día a día con sus coyunturas y sus particularidades.

No habrá de sorprender que justamente, por referirse la ciudadanía a algo tan práctico como nuestro accionar diario, su conceptualización más aceptada tradicionalmente sea aquella que proviene del derecho, cuya particularidad es que aspira a determinar, taxativamente y tan en detalle como sea posible, la potestad de acción de gran parte de la vida social: sabemos que el ciudadano ecuatoriano podrá votar, tendrá igualdad de derechos que los demás ciudadanos ecuatorianos, tendrá la obligación de pagar impuestos, podrá ser elegido a dignidades públicas, tendrá acceso a una serie de servicios, podrá disponer de su propiedad a su antojo, etc.

Ahora, mientras los griegos consideraban de singular importancia reunirse periódicamente en el ágora y volcar en su vida cívica la manifestación de sus virtudes, a fin de mejorar en el día a día la vida de la comunidad, a los ciudadanos del siglo veintiuno nos compete entender nuestra ciudadanía de nuevas formas, algunas de las cuales el presente artículo aspira, sin pretensión exhaustiva, a poner en evidencia.

Por consideraciones metodológicas, las próximas líneas estarán atravesadas por la siguiente filigrana: primero se pasará en revista rápidamente ciertas consideraciones teóricas sobre el concepto de ciudadanía, luego se discutirá su aplicación al caso ecuatoriano y al contexto mundial contemporáneo y finalmente, la pertinencia de las discusiones anteriores intentará ser volcada en consideraciones sobre la formación de una ciudadanía guayaquileña para el siglo XXI.

Concepto de vieja data

En estudios sociales, la ciudadanía es un concepto como pocos otros; trasladarse a los primeros pininos de la teoría política clásica es un imperativo para su estudio.  A no ser que estemos dispuestos a errar por omisión, es una necesidad indicar que por la extensión a la que está confinado el presente artículo, habremos de obviar la realización de una genealogía del concepto y preferiblemente, nos limitaremos a sobrevolar algunos hitos de esa evolución, tomando como punto de partida uno de los conceptos mayormente aceptados de ciudadanía, de autoría de T.H. Marshall.

En “Citizenship and Social Class”, Marshall define a la ciudadanía como un conjunto de derechos y deberes, cuyo contenido enuncia en función de los eventos que caracterizaron la vida política europea entre la revolución francesa y la mitad del siglo XX: derechos cívicos, derechos políticos y derechos sociales.  Esta noción de ciudadanía refleja evidentemente la posición de su mentor tanto en el tiempo como en el espacio, a saber Europa occidental a mediados del siglo XX , y relaciona cada uno de los conjuntos de derechos a los que hace alusión con un evento histórico como su hecho generador .

Estudios posteriores al de Marshall han permitido enriquecer el debate sobre dos vertientes: por un lado ampliando la gama de derechos y deberes del ciudadano que debe comportar “la ciudadanía”, y por otro lado reivindicando aspectos menos legalistas del concepto, a saber la acción y la participación ciudadana, o en breve, las formas en que se construye la ciudadanía.  Dicho de otra forma, la literatura añade nuevos conjuntos de derechos a los tres enunciados por Marshall, por un lado, y evidencia el rol de la acción ciudadana en los cambios –o en la pasividad– que vive la sociedad, por otro lado.

Pasando de lo abstracto a lo concreto, fácil es atestiguar que en nuestros días, somos partícipes de la accesión al conjunto de derechos de ciudadanía del derecho a un ambiente sano, del derecho a la equidad de género, de los derechos humanos bajo régimen de tutela internacional, entre otros; y somos también testigos de formas de participación ciudadana que, en la era de los estados-nación, ya depasada por la globalización, no eran siquiera imaginables: mientras que en el pasado nuestros derechos se medían y se reclamaban exclusivamente a través de un referente, el estado ecuatoriano, ahora vivimos reivindicaciones autonómicas impulsadas por polos de desarrollo ciudadano subnacional, procesos de migración internacional o de generación de ciudadanía a nivel de organismos regionales como la Unión Europea, la CAN o MERCOSUR –por mencionar unos pocos-, que atestiguan sin lugar a duda de nuevos centros de generación o producción de ciudadanía.

El caso de la ciudadanía en el Ecuador

Como fue comentado anteriormente, la ciudadanía ha estado circunscrita en la tradición doctrinaria a los límites del estado-nación moderno.  Dicha limitación ha sido y es aún, en alguna medida cada vez menor, su principal condición de legitimidad: sería por ejemplo muy difícil sostener actualmente que un estado pueda existir sin individuos ligados a él por nexo alguno de legalidad que revista deberes y derechos.  El caso ecuatoriano no difiere en nada de esa realidad.  En la Constitución de 1998 se establece quienes son ciudadanos, cual es el conjunto de derechos y deberes que constituyen esa ciudadanía y como se asegura el respeto de los mismos .  Dicho esto, queda por delante establecer cuales son los elementos característicos de la ciudadanía en el caso ecuatoriano, como condición previa a estudiar las características de lo que puede ser una ciudadanía guayaquileña.

Al respecto, la literatura señala principalmente la dificultad del estado-nación para responder a las demandas sociales en el contexto de crisis económica y de constreñimiento internacional –políticas de ajustes estructurales– y el carácter deficitario de la cultura política ecuatoriana con respecto al modelo de democracia liberal occidental por la preeminencia de prácticas políticas verticales (populismo, caciquismo, ...) .  En cuanto a este último caso, se habla de sociedades donde el poder se ejerce de manera relativamente autónoma con relación a la sociedad civil, inmunizándose del alcance de ésta sea por mecanismo populistas, clientelares o autoritarios, diferenciándose así de la tradición de ciudadanía democrática moderna.

Resulta de las lógicas antedichas que en casos como el ecuatoriano, “la esfera pública no refleja la composición regional y multicultural de la sociedad, ni se convierte en el espacio de encuentro entre los diversos sectores culturales, regionales, generico-clasistas” .  Más aún, el Congreso Nacional ha generado históricamente textos legales formalistas en materia de derechos y deberes ciudadanos, poco o nada informados sobre su aplicación material.  De hecho, a través de esa misma visión legalista y simplificadoramente estatal de la ciudadanía, se han obviado cuestiones étnicas, problemas regionales, aspectos identitarios e incluso, en alguna medida, los mecanismos de acceso y de uso de la ciudadanía misma.

Últimamente, sin embargo, esta particularidad de la cuestión ciudadana en Ecuador ha perdido cierta vigencia, como consecuencia del surgimiento de reivindicaciones indígenas y en menor medida, afroecuatorianas y montubias, al alcanzar estas una relativa importancia en el debate político y desarrollar nuevas formas de acceso a la ciudadanía hacia finales de los años ochenta y a lo largo de los años noventa.

Esta preeminencia de componentes antropológicos en las reflexiones sobre ciudadanía en el país durante más de veinte años limitó el debate teórico más amplio que puede aportar el pensar la ciudadanía.  No obstante, así como esa tendencia condujo a una cierta inercia teórica en Ecuador, la existencia de grupos similares reivindicando derechos ciudadanos sobre bases inéditas –ambiente, etnicidad, género, migración, derechos humanos– y haciendo referencia a la existencia de otros referentes que el estado-nación para la atribución de esos derechos en todas las esquinas del globo, desafió los conceptos clásicos de ciudadanía: como lo constata Engin Isin en lo relacionado a una de las referidas evoluciones, “Como una simple cuestión legal, la nacionalidad es el principal eje mediante el cual las personas son clasificadas y distribuidas alrededor del globo.  No obstante, el surgimiento de nuevas formas de políticas […] ha desafiado la comprensión moderna de pertenencia y ha contribuido a que se re-piense el significado de ciudadanía”

Así, las mutaciones operadas en el paisaje mundial de la era actual, por oposición a visiones maniqueístas que pretenden atribuir la única responsabilidad de los cambios del campo social a la empresa privada multinacional o a poderes políticos corruptos, resultan de las más diversas configuraciones de ciudadanía que predominan en el mundo.  ¿O acaso los valores vehiculados por el conjunto de una sociedad en un momento dado de su historia no resultan sino de las respuestas que sus propios actores plantean a sus problemas y desafíos?

La ciudadanía en el siglo XXI

Como lo hemos visto, el estado nación, que durante mucho tiempo fue el marco conceptual de todo estudio sobre la ciudadanía por un lado y, la cuestión étnica-cultural consubstancial al caso ecuatoriano por otro lado, no permiten explicar las distintas aristas que debe asumir en la actualidad un estudio del concepto de ciudadanía en sentido general y, en particular, de su realidad en la ciudad de Guayaquil; nuevos horizontes de interés deben abrirse para generar una ciudadanía informada, coherente con la era del conocimiento.

En el contexto mundial por ejemplo, la experiencia de la Unión Europea muestra los límites explicativos del estado-nación en los debates teóricos sobre la ciudadanía .  La ciudadanía no existe ya como una exclusividad de los estados-nación sino, en el marco de la Unión, al exterior de sus fronteras.

Desde otra perspectiva, un interés creciente se derivó hacia niveles subnacionales en el estudio de la ciudadanía, sin centrarse a su vez nuevamente en cuestiones étnicas o culturales.  En la actualidad, parecerían ser los polos urbanos los que representan aquello de más central y determinante en materia de ciudadanía por su importancia creciente en la organización y la formación cultural, social, simbólica y de los flujos económicos globales .

El concepto de ciudadanía, según las propuestas teóricas revisadas, se estaría liberando de su componente estato-céntrico en beneficio de múltiples marcos de existencia y desarrollo.  Nos encontraríamos frente a una ciudadanía post-nacional compuesta por dos condiciones parcialmente conectadas: primeramente un “cambio de posición y de particularidades institucionales del estado desde los años ochenta, resultantes de varias formas de globalización i.e. privatización económica, desregulación, preeminencia creciente del régimen internacional de derechos humanos”; y en segundo lugar el “surgimiento de múltiples actores, grupos y comunidades parcialmente fortalecidos por las transformaciones del estado y cada vez menos dispuestos a identificarse automáticamente con la nación representada por este.”

Esas mismas condiciones son las que han sido determinantes para la emergencia de una nueva geografía política que por una parte resta legitimidad al estado-nación y por otra, localiza en los espacios subnacionales y supranacionales así como en las redes que los unen los circuitos de formación de ciudadanía. 

En el caso de los espacios subnacionales, el rol de las ciudades en ésta nueva configuración político-espacial reside en que concentran tanto a los principales sectores del capital económico global como a grandes poblaciones desaventajadas , generando la necesidad de nuevas configuraciones de poder y por consiguiente, de ciudadanía.  En el caso de los espacios de poder supranacional, en términos estrictamente geográficos, por ubicarse las decisiones que sustentan la supranacionalidad también en polos urbanos, las nuevas configuraciones geográficas de la política se distribuyen, con alto grado de movilidad, entre las principales ciudades del mundo. 

Conclusiones: una ciudadanía guayaquileña para el siglo XXI

Con el interés de aportar a la generación de una ciudadanía guayaquileña en fase con el siglo en que vivimos, y a la luz del recorrido que hemos realizado sobre el concepto de ciudadanía, parece oportuno barrer algunos de los desafíos ciudadanos que, en la era actual, la ciudad de Guayaquil debe transitar.

Primero, es necesario que reflexiones ciudadanas evidencien con toda claridad hasta que punto el estado ecuatoriano cumple con su rol de referente de ciudadanía, y en que medida, bajo el influjo de corrientes descentralizadoras y autonómicas por ejemplo, o supra o internacionales, ese rol ha sido erosionado en beneficio de nuevos centros de producción de ciudadanía.  Dicho de otra forma, si todos los ciudadanos ecuatorianos mantenemos múltiples nexos –incluso legales– con diversas institucionalidades políticas que coexisten con el estado-nación ecuatoriano, debemos conocer que utilidad revisten y como incidimos en de cada uno de ellos.  Al respecto, vale mencionar aquellas institucionalidades de carácter subnacional y aquellas de carácter supranacional.

A nivel subnacional, los gobiernos seccionales y las regiones que encontramos en el país, generan relacionamientos ciudadanos de diversas índoles con los individuos y los grupos que en ellos residen.  Basta pensar en el derecho a ciertos servicios que se puede encontrar en Guayaquil, Cuenca o Quito por ejemplo, para comprender que en esas tres ciudades el conjunto de derechos y deberes de que disponen sus habitantes difiere del conjunto de derechos y deberes de que dispone cualquier otro ecuatoriano que no habite en ellas.  Esto, evidentemente, erosiona por una parte al estado-nación ecuatoriano y debería obligar a los ciudadanos de esas ciudades a cuestionarse sobre la mutación de su ciudadanía, así como de que forma tienen interés y capacidad de incidir en esa mutación.
 
A nivel supranacional, si bien las institucionalidades que atraen nuestra atención no han sido tradicionalmente reconocidas como generadoras de nexos legales vinculantes –como si lo han sido el estado y sus entidades subnacionales–, el régimen internacional de derechos humanos y los procesos de integración regional han operado un cambio en el panorama.  En nuestra era, la violación de una parte creciente de los derechos ciudadanos tradicionalmente resguardados por el estado puede ser ventilada en cortes internacionales, así como mediatizada a fin de generar basculamientos de opinión pública.  De similar manera, derechos que anteriormente sólo se concebían a nivel nacional, ahora incluso se desarrollan principalmente a niveles inter y supranacional: pensamos en los derechos laborales, los derechos de libre circulación, el derecho mercantil, entre otros.

La aplicación de las consideraciones anteriores al caso del ciudadano guayaquileño, a nuestro parecer, podría resumirse en la necesidad de crear consciencia acerca de la multitud de centros de producción de ciudadanía, a fin de que individuos y grupos aprendan a obtener de ellos el mayor beneficio, haciendo de su ciudadanía una práctica diaria.  La posibilidad de que se genere entre los guayaquileños una visión de la ciudadanía que prescinda del estado-nación ecuatoriano como su único referente, emancipará seguramente la cultura política ecuatoriana de aquellos anacronismos que tanto malestar generan.