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Interlocutores del poder .
La cívica y la política son cuestiones de representación y por lo tanto su trascendencia se determina en función de interlocutores válidos; hoy por hoy, es la Asamblea Nacional Constituyente la que con legalidad cuestionada pero con legitimidad probada, deberá enfrentar el desafío de convertirse durante algunos meses en el foro de interlocución de las necesidades del pueblo.
Debemos aspirar, por consiguiente, a que todas las miradas ciudadanas se fijen en Montecristi y abonen de manera permanente al proceso que definirá la norma fundamental bajo la que se regirá nuestra vida diaria en el futuro inmediato.
Más allá de las lecturas que han pululado desde que se conocieron los resultados del proceso electoral del 30 de Septiembre 2007, con el objetivo de explicar la crisis de ciertos partidos, el éxito de otros y su relación con la particular campaña a la que condujo la presencia omnímoda del movimiento gubernamental en medios y en el accionar de todos los poderes del estado, parece apropiado resaltar otros elementos de incidencia para el ciudadano común a los que se les ha atribuidos menos importancia.
El que posiblemente más ha sido ignorado y que consideramos esencial destacar es que el interlocutor principal de la ciudadanía ha pasado en la actualidad de ser el Presidente Rafael Correa Delgado a ser la Asamblea Constituyente. Partamos de la naturaleza de la misma o de las versiones oficiales, los plenos poderes que ha buscado atribuir a la Asamblea el discurso fuerte –más allá de que un estatuto someta aún sus decisiones a la voluntad popular– la ubican en la percepción popular por encima de cualquier poder constituido: legislativo, judicial y ejecutivo. Sólo queda denunciar, censurar y llamar la atención ciudadana sobre los atropellos que ha cometido el Presidente de la República con ese argumento y que difícilmente se puede creer que terminarán con la Asamblea: aterrorizándolos por la inminencia de su destitución ha hecho que instancias como los tribunales electorales, el Congreso y hace pocos días el Tribunal Constitucional, hayan regalado su dignidad y claudicado en sus obligaciones legales, aún vigentes, sometiéndose a los designios del Presidente.
La ilegal resolución de éste último que resolvió la nueva conformación del Directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, sin respeto por norma alguna, en ese sentido, más allá de incidir sobre la autonomía de la institución y su raigambre provincial, representa por su absoluta y manifiesta ilegalidad la prueba de que aquella instancia que resguarda por definición los derechos ciudadanos constitucionalmente establecidos, actúa en este gobierno bajo pedido.
Las actividades que se comunican en el presente número de la Revista Guayaquil, resultan de una visión del desarrollo de Guayaquil y de su gente sobre la cual la Junta Cívica de Guayaquil no ha claudicado jamás. Se suceden en sus páginas aportes técnicos jurídicos, opiniones destacadas e informes sobre los proyectos que la institución ejecuta. Tanto los unos como los otros, abonan, como lo deberá hacer la Asamblea, al valor democrático del diálogo ciudadano y a evitar los desmanes del poder.
Para comunicarse con la Junta Cívica de Guayaquil, escríbanos, llámenos o visítenos en:
Junta Cívica de Guayaquil
Sargento Vargas 114 y Av. Olmedo, Edificio Gabisol 1er. Piso
Telefax: (593)(4) 2400599-600-610
Guayaquil-Ecuador
