La Autonomía

La Junta Cívica ha venido impulsando desde hace algunos años el proceso de instauración en la estructura política del estado ecuatoriano de un sistema de autonomías, adhiriendo a la idea de que aquel es el camino adecuado para modernizar el estado ecuatoriano y crear las condiciones para el desarrollo de una sociedad próspera y solidaria a nivel nacional, donde los principios de subsidiaridad, libertad, justicia y equidad nos permitan aprovechar el máximo los recursos humanos y materiales del país, dando como resultado el bienestar de un mayor número de ecuatorianos.

Antecedentes

El modelo centralista del estado llegó a una crisis en el Ecuador al final de la década de los ochenta: las consecuencias nefastas en el desempeño de la burocracia centralista que tuvo la crisis financiera resultante de la “década perdida” de los ochenta, las visiones impulsadas por organismos internacionales como resultado del “nuevo orden mundial” y, coincidentemente, la canalización del interés de los ciudadanos hacia una reforma interna al salir del conflicto externo con el Perú se configuran en los elementos que dieron paso a la voluntad de cambiar una estructura estatal anacrónica y obsoleta, cuya funcionalidad expiró.

En lo que se refiere a la inoperancia de la institucionalidad del gobierno central, la toma de consciencia paulatina, posterior al colapso de las finanzas públicas de nuestro país operado a lo largo de los años ochenta, de que un estado central paternalista, que absorbe rentas y recursos distribuyéndolos tarde, mal y nunca, ha sustentado la necesidad de impulsar políticas de cambio que desde el año 1992 se han visto plasmadas en el país en reformas descentralizadoras inicialmente, y reivindicaciones autonomistas, actualmente.  La percepción generalizada a nivel guayaquileño de que desde una cómoda posición de privilegio un institucionalidad a veces disociada de la realidad local dispone arbitrariamente de los fondos públicos y determina a distancia lo que debe hacerse o no, en otras regiones, constituye en síntesis, una de las aristas de la visión del problema del centralismo del estado que se propone cambiar impulsando un régimen autonómico.

Mientras el Ecuador no ha logrado salir a flote de su crisis de gobernabilidad, a lo largo de los últimos años, se ha percibido en cambio una tendencia distinta a nivel de los gobiernos locales.  Insertos en una tendencia global que avanza en el sentido de la generación de nuevos espacios de poder distintos del tradicional monopolio del estado-nación, se percibe en la actualidad incrementalmente la importancia de niveles de gobierno sub-nacionales (así también, la literatura menciona niveles de gobierno supra-nacionales, pero su análisis escapa al interés de éste documento), cuyo desarrollo, algunas veces más fácilmente compatible con el orden mundial vigente (nacimiento del concepto de glocalidad), se ve cada vez más apoyado por organismos internacionales de cooperación. 

En ese contexto, la permanencia y coherencia en la gestión municipal guayaquileña desde el año 1992, así como la voluntad y capacidad de acceder a un mayor conjunto de prerrogativas o competencias que ha manifestado la administración municipal, han generado una nueva percepción a nivel nacional sobre el concepto de autonomía.  Si bien en el 1992 se iniciaron las reformas de la estructura del estado ecuatoriano a través de legislación descentralizadora, su timidez y la inercia del gobierno central para aplicarlas, han conducido a que aquellos gobiernos locales (provinciales o municipales) que han sabido administrar su mandato popular generen una legitimidad que ha erosionado al estado centralista, al punto de que hoy en día el debate nacional gira en torno a la necesidad de un sistema autonómico y ya no en torno a la descentralización del estado.

Esta visión moderna de un Estado en el que las diferentes regiones fijen autónomamente sus prioridades y atiendan sus necesidades más urgentes a través de su autodeterminación en el conjunto de competencias previstas bajo régimen autonómico, es en resumen la posición de quienes impulsan las autonomías, posición en la que se reconoce la Junta Cívica de Guayaquil.

Actividades

En el encuentro de Puerto Lucía (I Encuentro Cívico por Guayaquil), en septiembre de 1999, la Junta Cívica expresó públicamente su posición. Luego formó parte de las entidades que promovieron el "sí" en la Consulta Popular sobre Autonomías, que obtuvo en el Guayas más del 90% de apoyo con los votos válidos, en enero de 2000. En foros, seminarios, manifestaciones públicas y declaraciones de prensa ha propugnado esta aspiración que es también la de muchas provincias del país.  Dentro de esta línea se organizó también una campaña de vallas publicitarias en Guayaquil a favor del sistema autonómico.
En los posteriores encuentros cívicos organizados por la Junta Cívica de Guayaquil (II, III, IV y V), se ha continuado insistiendo sobre la necesidad de reformar la estructura del estado ecuatoriano, hasta establecerse un sistema autonómico. 
En última instancia, toda asunción por parte del Municipio de Guayaquil de nuevas competencias del gobierno central ha sido aplaudida por la Junta Cívica de Guayaquil.  Al respecto, si bien el cumplimiento de la legislación sobre descentralización del estado no se constituye en el objetivo final de la Junta Cívica –sino la implementación de un real régimen autonómico–, su aplicación permite sentar bases para disponer en un futuro de una región y una ciudad cuyos ciudadanos reconozcan en su esfuerzo propio y en la justicia de recibir lo que les corresponde y decidir su futuro una de sus características esenciales.

Avance

Si quiere conocer que avances existen en la actualidad con respecto a éste ámbito de acción de la Junta Cívica de Guayaquil, visite el link Temas de Actualidad